El Hub de Negocios.- En América Latina, los empleadores pagan en promedio un 50% adicional al salario en costos laborales no salariales, impulsados por contribuciones a la seguridad social y regulaciones laborales.
Este porcentaje crece al 70% en países como Argentina, Brasil y Perú. Mientras que en Trinidad y Tobago, Jamaica y Chile, baja a algo menos del 40%, señala el informe Salaried Labor Costs in Latin America and the Caribbean: A Ten-Year Update, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El estudio plantea una pregunta clave: ¿por qué el empleo formal resulta tan costoso? La respuesta, en gran medida, se encuentra en el diseño de las leyes laborales y los sistemas de protección social.
Te invitamos a leer: ¿Las empresas están preparadas para la jornada laboral de 40 horas?
¿Cómo se construyen los costos laborales?
El reporte explica que en economía se habla de “costos laborales no salariales”, pero estos costos no son simplemente variables del mercado, son en gran medida, obligaciones legales. Entre ellas se encuentran:
- Contribuciones a los sistemas de pensiones.
- Financiamiento de seguros de salud.
- Licencias remuneradas.
- Indemnizaciones por despido.
Estas reglas buscan proteger a los trabajadores y equilibrar la relación con los empleadores. Durante el siglo XX, América Latina las incorporó en sus marcos legales, haciendo del contrato de trabajo la puerta de entrada a derechos sociales básicos.
Pero aquí está la paradoja: este modelo funciona bien solo en contextos con altos niveles de empleo formal. En economías caracterizadas por una alta heterogeneidad de productividad entre empresas, los costos legales pueden ser demasiado altos para pequeñas empresas o ciertos sectores.
Síguenos en Instagram: @elhubdenegocios
Informalidad: consecuencia de los altos costos laborales
La informalidad puede explicarse, al menos parcialmente, como el resultado de altos costos laborales combinados con baja productividad. Si bien también puede responder a otros múltiples factores, el alto costo del empleo formal es un componente central de la explicación.
Desde el punto de vista jurídico, esto implica que los trabajadores informales quedan fuera de un conjunto fundamental de instituciones, y no tienen acceso a beneficios como:
- La seguridad social.
- El salario mínimo garantizado.
- La protección frente al despido.
- Llevar sus disputas a tribunales laborales.
Te invitamos a leer: ¿Cómo frenar la brecha salarial entre hombres y mujeres?
¿Cómo se financia la protección social?
El reporte del BID indica que quizás la dimensión institucional más relevante del problema radica en el diseño de los sistemas de protección social. En la mayoría de los países de América Latina, las pensiones, la salud y otros beneficios sociales dependen principalmente de contribuciones sobre la nómina del empleo formal.
En contextos de alta informalidad, esto puede generar un círculo vicioso: las contribuciones aumentan el costo del empleo formal, ese mayor costo incentiva la informalidad, y a su vez, la informalidad reduce los ingresos del sistema de protección social.
Este diseño puede profundizar la segmentación entre trabajadores protegidos y aquellos que quedan excluidos.
Síguenos en Facebook: @elhubdenegocios
Repensar la relación entre empleo y protección social
En distintos contextos, ha surgido la necesidad de revisar cómo se vinculan el empleo formal y la protección social. Entre las alternativas, se incluyen:
- Fortalecer mecanismos financiados con impuestos generales.
- El avance hacia sistemas de protección social más universales.
- Reducir la dependencia de contribuciones sobre la nómina.
Estas opciones buscan responder a los desafíos de cobertura en mercados laborales con alta informalidad, aunque su implementación requiere considerar las particularidades de cada país.
